Datos personales

domingo, 7 de mayo de 2017

Una voz por Venezuela

Pese a todas las artimañas del gobierno venezolano por encubrir la catástrofe humanitaria y política que aqueja a su nación, gracias a las redes sociales, el mundo conoce la verdad de lo que ocurre en este pueblo latinoamericano. Una situación que no ha sido únicamente denunciada por periodistas o grupos políticos opositores, a los cuales se los califica como sediciosos o golpistas. Son las imágenes del pueblo en las calles, son los gritos de protesta de jóvenes, hombres y mujeres del pueblo común los que claman por el fin de un régimen fascista que, en contra de todo acto democrático, se afianza al poder mediante la ilegalidad, la violencia y la tiranía.

Amparado en el escudo de la soberanía, el gobierno de Maduro defiende una revolución farsante, cáncer que ha conducido a este hermano país a la miseria. Oculto en la mal entendida soberanía este régimen dictatorial dice defender los intereses de su nación cuando para todos es evidente la opresión de la cual es víctima esta Patria. Ante estas atrocidades la comunidad internacional solo ha demostrado abulia y burocrática diplomacia. Sostienen que los problemas internos de un pueblo deben ser resueltos por sus propios habitantes, pero esta situación no es conflicto exclusivo de los venezolanos. Ante la represión, la tortura, el asesinato y más actos criminales de un sistema opresor, los gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos deben intervenir de forma abierta y enérgica. Cuando la existencia, la dignidad y la libertad de un pueblo es mermada por un déspota, no debe existir frontera o soberanía. La vida y la seguridad de un ser humano, víctima de los atropellos del poder, sobrepasa la dimensión de la libre determinación de un pueblo.

La pasividad ante la tragedia de una nación es la peor vergüenza para una comunidad internacional. Esta parsimonia es cómplice de genocidios. No importa si luego del homicidio de uno o tantos inocentes se levantan memoriales o se institucionalizan actos conmemorativos. La muerte de un ser humano que ha caído en defensa de sus legítimos derechos es un dolor que nos conmueve a todos y es un ultraje que nos vuelve menos mujeres y menos hombres. El asesinato, la represión, el injusto encarcelamiento de los opositores, la censura en la libertad de expresión, son innegables demostraciones de un sistema gubernamental inhumano que no debe ser legitimado por nadie. 

Y qué diríamos de aquellos gobernantes de otras naciones que avalan estos actos antidemocráticos. ¿Aseveraríamos que un dictador defiende a otro dictador o que estos jefes de estado que secundan la perversidad también buscan ser dictadorzuelos en sus países para conducirlos por el mismo camino y vivir al amparo de la inmoralidad, la corrupción y la desvergüenza? Confiemos en la decencia, la entereza y el afán de justicia de los gobernantes de América Latina y de otros países para que frenen esta brutalidad en contra de los venezolanos y se juzgue a los responsables más allá de las fronteras y del tiempo.  Esto crímenes no afectan solo a Venezuela. Es una afrenta en contra de la humanidad. Como ciudadanos del mundo clamamos por la vida y la libertad de nuestros hermanos. Condenamos la barbarie de los grupos armados que oprimen a sus compatriotas. Reprobamos la impúdica postura de las fuerzas armadas que bajo soborno secundan el totalitarismo. Censuramos la violencia de la cual es víctima el pueblo en las calles y reprochamos cada día en que un dictador se perenniza en el poder a costa de la sangre de su gente.






lunes, 1 de mayo de 2017

El trabajo como responsabilidad social


En el Día Internacional del Trabajo son muchas las actividades que celebran la valía del obrero y rememoran sus irrenunciables derechos a la dignidad, el salario justo, la no discriminación y otros factores que engrosan cartas constitucionales arrinconadas en el olvido o que se ejecutan de manera direccionada para satisfacer los intereses de grupos de poder. No importa el modelo económico instaurado; al final, son los empleados, sean públicos o privados, los menos favorecidos en el beneficio económico y esto exige una responsabilidad compartida entre Estado, empleadores y por supuesto trabajadores.

El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de todos sus recursos humanos. Frente a la empresa privada los gobernantes deben legislar para que los empleados laboren en condiciones adecuadas y reciban un pago acorde al esfuerzo realizado. Dentro del sistema capitalista la explotación laboral está atada a la ganancia empresarial; ahí, el Estado debe intervenir con políticas que promuevan esta inversión, pero al tiempo que la favorece, debe buscar equilibrio entre utilidades de la empresa y trabajo del empleado. Además, una buena administración gubernamental no puede favorecer una ideología de odio entre ricos y pobres ni sentar la idea de equidad social con la práctica de confiscar o atracar con impuestos al inversor privado; si este crece, a la par aumenta el empleo y si este decae o fracasa, esto genera desempleo para muchas familias.

Los estados por naturaleza no suelen ser los mejores administradores de los recursos nacionales. Aunque ciertos gobiernos se califiquen como defensores de los trabajadores son los primeros en generar la desigualdad social y laboral. El mantenimiento de una burocracia pipona y de baja calidad laboral son signos de la equivocada administración que configura un sistema de obligado servilismo, donde los puestos de trabajo funcionan  como pago de cuotas políticas, en desmedro de la satisfacción de las necesidades reales de una nación. Capítulo aparte son los megasueldos que muchos burócratas reciben a cambio de un voto o de su silencio cómplice. Si nos referimos a la preparación académica, en Ecuador, por ejemplo, los jóvenes para ingresar a estudiar en la universidad requieren puntajes mínimos; un profesional docente para ejercer sus funciones precisa de un largo proceso de selección en contraste a tantos politiqueros incapaces que por coyunturas, tronchas o arreglos dolosos se apropian de plazas laborales donde vagan, desfalcan y gozan de impunidad.

Por su parte, los obreros en su ámbito de responsabilidad deben ser decentes y ganar honradamente su salario. No se pueden permitir robar. Un obrero roba a su empleador cuando no cumple a cabalidad con el trabajo encomendado. Robar no es únicamente apropiarse ilícitamente de un bien material. El desperdicio del tiempo, la mediocre ejecución del trabajo son sigilosas formas de hurto. En conclusión, el trabajo es fuente de dignidad para todo ser humano. Su óptima ejecución y reconocimiento es lo que promueve una sociedad más justa y equitativa. 
 
Artículo publicado en Diario Regional Los Andes, Riobamba 1 de mayo de 2017