La verdadera soberanía I

Con gritos de guerra, mucha gente invoca la llamada soberanía, aquella condición donde internacionalmente, un Estado soberano es igual a los demás: puede gobernar su propio territorio, declarar la guerra, o regular su estructura política. En nuestro caso solo es fundamento para sumergirnos en un conflicto sin sentido, donde bajo pretexto de defender la “Soberanía”, el gobierno central comete descabellos que lo delatan como un sistema que a toda costa busca afianzarse, no solo en el país, sino en la región; obviamente no por iniciativa propia, sino como un títere de un régimen venezolano, que de forma directa demuestra su voracidad por el poder, así como su carácter fascista para expandirse por la región buscando el apoyo de grupos criminales.

El melodrama que se ha levantado en torno a la muerte del guerrillero Reyes, demuestra la simpatía que profesan todos aquellos defensores de la violencia, la muerte y la criminalidad, quienes con esta excusa buscan que se reconozca legalmente a grupos patibularios, como si se tratasen de luchadores políticos, lo cual no tiene ninguna lógica mental, menos aún, un mínimo asidero moral, porque no se puede, ni se debe dejar en la impunidad todos los latrocinios cometidos por la FARC; si así se lo hiciera, sería el más vil antecedente para que en el mundo y en la historia se siga instaurando el salvajismo.

Se afirma que se ha violado nuestra soberanía. Que las tropas colombianas operaron sin autorización en contra de una base rebelde afianzada en suelo ecuatoriano. Pero, acaso no deberíamos cuestionarnos: ¿Por qué nuestro ejército no veló por la seguridad nacional y permitió la entrada de estos villanos, para que posteriormente el ejército colombiano haga lo que no pudo hacer el nuestro? En lugar de sentirnos ofendidos por el allanamiento de nuestra soberanía: ¿no deberíamos sentirnos avergonzados por no saber custodiarla con eficiencia? ¿O es que solamente se está utilizando esta acción para atacar y disminuir el accionar de un presidente colombiano, que con los cinturones bien ajustados y la necesaria mano de hierro, hace frente a tan cobardes sanguinarios, mientras otros, con la cómoda disculpa de no querer internacionalizar un conflicto se convierten en cómplices de la maldad y el terror?

No levantemos aspavientos por una veintena de mafiosos a quienes el pueblo ni el mundo nada deben, porque atrás de ellos se ocultan otros de igual calaña que comercializan con el dolor humano. Que ningún defensor de derechos humanos alegue que se merecen un trato humanitario, porque los derechos humanos, como todo derecho se los merece y se los conquista; éstos son para quienes se comportan como reales personas, no para quienes como animales se ensucian con sangre inocente y se enriquecen con el dolor ajeno. Estos insurgentes al igual que cualquier grupo armado del planeta son voraces buitres ávidos de poder, roídos por la ambición y el deseo de imponer sistemas opresores, porque ninguna conquista alcanzada a través de la violencia lleva a un cambio con equilibrio.

El idiota latinoamericano II

Figuraba ser una pandemia extinta, una gangrena caracterizada por el fanatismo y la terquedad. Una visión unidireccional que no atina o no quiere atender advertencias, por la sola razón de considerarse dueños de la verdad. Una demencia que parecía llegar al final, con el fin mismo de un dictador que asoló la tierra cubana y pretendió seguir engañando al mundo con su sistema social represivo, confiscatorio y monárquico.

El virus vuelve a causar estragos. Extremistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador deliran al son de viejas tonadas donde los escombros de criminales revoluciones aún no saldan la cuenta de sus víctimas. Acontecimientos como: La desintegración de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín o la autoeliminación de un socialismo fracasado parecen no ser comprendidos por sus intelectos y contra corriente pretenden avanzar hacia el pasado, buscando sobre la base de la falsedad instaurar medidas cancerosas en contra el desarrollo de los pueblos.

No ha mucho tiempo, el fantasma de las privatizaciones rondaba los escenarios económicos. Se asociaba empresa privada con explotación laboral, megaenriquecimiento y utilización del ser humano como mero implemento de producción. Todas estas creencias, tienen una base de verdad, pero, al fin y al cabo, son estas empresas las que mantienen las economías de nuestros países, donde a pesar de nuestro gusto y comodidad, el capital y el mercado son elementos ineludibles de nuestra sociedad.

Es aquí, donde el Estado está llamado a ejercer con equidad, firmeza y conciencia social. El fin primordial del Estado no es administrar sus empresas. Las empresas estatales son clara demostración de improductividad, ineptitud, vagancia y corrupción. Preguntémonos: ¿Qué empresa del Estado funciona eficientemente? ¿Estaríamos de acuerdo con atracos al pueblo perpetrados en empresas como Petroecuador, donde para nadie es vedado el botín que se reparten en sueldos que no justifican su labor? ¿La seguridad social de nuestro país, atiende con dignidad a nuestros ancianos y a nuestros enfermos? ¿Al pensar en la burocracia, la relacionamos con eficiencia, buen trato y profesionalidad, o son representación de un Estado agónico que nos sumerge en el subdesarrollo por el único fin de mantener a sus líderes en un sitial de egoísta privilegio en contra de los intereses del pueblo.

El Estado no puede hacer la veces de un padre bonachón que distribuye entre sus hijos todos los bienes obtenidos, a sabiendas que la riqueza es un bien que necesita producirse. De qué nos serviría un Estado que reparta entre todos sus habitantes los bienes que confisque a empresas y personas, si sabemos que esos bienes serán malgastados y no generarán inversión ni producción. Un claro ejemplo: De qué sirvió la redistribución de tierras en el campo, si quienes las recibieron no las trabajan y prefieren emigrar a las ciudades a fomentar el subempleo o a su vez prefieren sobrevivir con un bono estatal, que lo único que fomenta es la pereza y la mendicidad.

El Estado debe propiciar la inversión con políticas económicas que incentiven a las empresas a traer sus capitales, y no ahuyentarlas con inseguridad política o reformas tributarias que en término final son canceladas por el inocente pueblo, a quien directa o indirectamente se le endosan todos los gastos. El Estado controla, legisla y sanciona el accionar de las empresas; sirve como mediador entre el inversionista, que es obvio debe obtener réditos económicos, pero sin atentar contra el obrero o el consumidor.