Asamblea Nacional: La historia se repite

Finalmente parece inocultable el real proceder de la actual Asamblea Nacional quien tras su fachada revolucionaria pretendía crear la imagen de una entidad en la cual el pueblo podía confiar. Sus mismos procederes concluyen en una institución similar y hasta peor al Congreso que se depuso en el inicio de la gestión del Presidente Correa.
Lamentable, para todos aquellos incautos que creían que este organismo iba a realizar un cambio trascendental para el país, sin tomar en cuenta que éste, desde sus inicios, no pasó de ser un instrumento totalmente servil al gobierno central. Trágico, para este pobre Ecuador que parece condenado a un aparato legislativo inoperante, quien más allá de sus supersueldos no vela por el bien de la nación ni actúa en función de un beneficio colectivo. Volvemos a la tan criticada era de los improperios, las injurias, las compras de votos o los trueques inescrupulosos que compran las conciencias. Que los asambleístas del oficialismo no se escondan en la aseveración de haber sido elegidos por voto popular, porque ese no es un derecho para atropellar las leyes, sino un deber para cuidar del bienestar ciudadano.
Un Congreso, Asamblea, Parlamento o como quiera llamarse, que no es fiel a la línea de propiciar leyes trasparentes y se enrola en un jugueteo de acomodos partidistas, es un ente peligroso porque su ineficacia da lugar a que los otros entes de gobierno asuman poderes omnímodos, destruyendo así los principios de democracia que debe ser característica primordial de los orbes civilizados. “Por sus frutos los conoceréis”, reza una máxima evangélica y ahora el pueblo ecuatoriano, de manera sensata, con criterio de madurez política o en el mínimo caso con ojos de sentido común, debe valorar el trabajo de los actuales asambleístas. El pueblo debe observar los palpables beneficios de este organismo y aquilatar el aporte dado a la Patria o juzgar con severidad, si éste, al igual que los anteriores congresos, no ha pasado de un deprimente espectáculo de noticiero o de un nefasto mal ejemplo de práctica democrática.
Por su parte, las minorías de la Asamblea, pese al desequilibrio de poderes, debe tener una participación más combativa. Ellas no pueden ocultarse en su posición de debilidad para argumentar que nada pueden hacer. La indiferencia, la cobardía, el silencio cómplice, son para un representante del pueblo delitos imperdonables, porque se supone que son las voces de quienes no pueden hablar y son las manos de quienes no pueden actuar.
El pueblo está cansado de los desatinos legislativos. Aunque no pase de anhelos vanos, todos esperamos mejores días para la Patria y quizá, si tuviésemos una Asamblea de voces libres, de hombres y mujeres que amen a su pueblo, podríamos pensar en mejores días para el Ecuador querido. Redundo, aunque siga siendo un anhelo vano.

Ojo por ojo

La creciente descomposición social que vive nuestro país toma dramáticas formas: En las calles, una vez más, un populacho descontrolado toma justicia con sus propias manos. En días anteriores, en la Provincia de Chimborazo, un hombre ardía en llamas como resultado de una turba, que al sentirse impotente frente a la falta de autoridad que vivimos, optó por emplear la supuestamente desterrada ley del talión: Ojo por ojo, maldad por maldad.
El caso se vuelve en extremo preocupante porque evidencia que el país vive un estado total de inseguridad. Nadie confía en las leyes porque estas se han tornado escudo para los delincuentes. Un ciudadano ecuatoriano que ha sido víctima de cualquier acto delincuencial sabe que no tendrá ningún apoyo de la autoridad policial, quien generalmente aparece muy después de ocurrido el hecho, sabe también que en el caso de que el delincuente sea detenido, éste, en pocos días estará en las calles porque los sistemas legales no funcionan.
Ante esta realidad no es raro mirar en las paredes de muchos barrios expresiones como: “ladrón atrapado será ajusticiado”, enunciado a simple vista inocente pero que tras de sí esconde un agudo resentimiento de un pueblo que siente que no tiene más opciones. Frente a esto se genera un ámbito de más violencia, que puede conducirnos a un caos mayor al que vivimos. Un enfrentamiento que puede traer mucha sangre para personas que sin ser delincuentes pueden volverse criminales o cómplices de horrendos asesinatos, porque a pesar de tener cierta base de justificación para sus actos, los participantes de un linchamiento caen también en la categoría criminal.
Es inadmisible que como pueblo retrocedamos siglos de desarrollo intelectual y humano, tratando de tomar venganza por cuenta propia, pero también aquí aparece la responsabilidad directa de quienes al frente del gobierno del país no hacen nada para subsanar la crisis. El Estado se constituye en culpable directo cuando en primer lugar es incapaz de generar empleo. Luego, no tiene un eficiente control migratorio lo cual permite que a Ecuador ingresen ciudadanos de otras nacionalidades que no presentan un historial de su vida legal del país de origen, tampoco se hace un seguimiento de las actividades de estos individuos que rondan por nuestra tierra como si estuviesen en su casa. Adicionalmente, las últimas leyes promulgadas, no sé con qué finalidad, han propiciado que los malhechores se sientan protegidos y no tengan reparo en delinquir, a sabiendas que cualquier juez los volverá a la libertad. Sumemos a esto, el mal uso de los derechos humanos que da cabida a que muchos criminales recurran a ellos para defenderse. Surge la pregunta: ¿Por qué la víctima de un bandido no reclama ningún derecho humano y tiene que resignarse a perder el fruto de su trabajo, su dignidad y hasta su misma vida?
En este país del “no pasa nada”, la revolución de los delincuentes nos lleva a un estado de miedo. En cualquier ciudad del país los habitantes comprendemos que no podemos circular con libertad porque estamos bajo la mirada del hampa, y queramos o no tendremos que defendernos. Es una lástima retroceder al comportamiento de viejas culturas, pero, al parecer no existe otro remedio. La ineptitud de nuestros gobernantes, sus leyes ineficaces y en sí toda la estructura moral y judicial de los responsables de la paz ciudadana nos ponen de cara al reto de sobrevivir en una tierra de nadie.