En el Día
Internacional del Trabajo son muchas las actividades que celebran la
valía del obrero y rememoran sus irrenunciables derechos a la dignidad,
el salario justo, la no discriminación y otros
factores que engrosan cartas constitucionales arrinconadas en el olvido o
que se ejecutan de manera direccionada para satisfacer los intereses de
grupos de poder. No importa el modelo económico instaurado; al final,
son los empleados, sean públicos o privados,
los menos favorecidos en el beneficio económico y esto exige una
responsabilidad compartida entre Estado, empleadores y por supuesto
trabajadores.
El Estado
tiene la obligación de velar por la seguridad de todos sus recursos
humanos. Frente a la empresa privada los gobernantes deben legislar para
que los empleados laboren en condiciones adecuadas
y reciban un pago acorde al esfuerzo realizado. Dentro del sistema
capitalista la explotación laboral está atada a la ganancia empresarial;
ahí, el Estado debe intervenir con políticas que promuevan esta
inversión, pero al tiempo que la favorece, debe buscar
equilibrio entre utilidades de la empresa y trabajo del empleado.
Además, una buena administración gubernamental no puede favorecer una
ideología de odio entre ricos y pobres ni sentar la idea de equidad
social con la práctica de confiscar o atracar con impuestos
al inversor privado; si este crece, a la par aumenta el empleo y si este
decae o fracasa, esto genera desempleo para muchas familias.
Los estados
por naturaleza no suelen ser los mejores administradores de los recursos
nacionales. Aunque ciertos gobiernos se califiquen como defensores de
los trabajadores son los primeros en generar
la desigualdad social y laboral. El mantenimiento de una burocracia
pipona y de baja calidad laboral son signos de la equivocada
administración que configura un sistema de obligado servilismo, donde
los puestos de trabajo funcionan como pago de cuotas políticas,
en desmedro de la satisfacción de las necesidades reales de una nación.
Capítulo aparte son los megasueldos que muchos burócratas reciben a
cambio de un voto o de su silencio cómplice. Si nos referimos a la
preparación académica, en Ecuador, por ejemplo, los
jóvenes para ingresar a estudiar en la universidad requieren puntajes
mínimos; un profesional docente para ejercer sus funciones precisa de un
largo proceso de selección en contraste a tantos politiqueros incapaces
que por coyunturas, tronchas o arreglos dolosos
se apropian de plazas laborales donde vagan, desfalcan y gozan de
impunidad.
Por su parte,
los obreros en su ámbito de responsabilidad deben ser decentes y ganar
honradamente su salario. No se pueden permitir robar. Un obrero roba a
su empleador cuando no cumple a cabalidad
con el trabajo encomendado. Robar no es únicamente apropiarse
ilícitamente de un bien material. El desperdicio del tiempo, la mediocre
ejecución del trabajo son sigilosas formas de hurto. En conclusión, el
trabajo es fuente de dignidad para todo ser humano.
Su óptima ejecución y reconocimiento es lo que promueve una sociedad más
justa y equitativa.
Artículo publicado en Diario Regional Los Andes, Riobamba 1 de mayo de 2017
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