¡Defendamos la Educación Particular Católica!

En el transcurso de su existencia, el ser humano se ha tornado conquistador de irrenunciables logros. Conquistas que afirman la evolución de su pensamiento a donde convergen experiencias históricas, ideales y razonamientos de grandes hombres y mujeres, que con su aporte, giraron el curso de la humanidad. Añádase a esto, el simple sentido común, que a pesar de llamarse común, en ocasiones se vuelve esquivo, sobretodo, cuando se deja opacar por la ambición, la obnubilación por el poder o el mísero egoísmo.
Con limitada visión de lo que significan criterios trascendentales como: la libertad, el derecho a la libre elección y la creencia religiosa, el actual gobierno arremete en contra de la Educación Particular Católica. No se trata únicamente del retiro de partidas fiscales a estas instituciones educativas o de institucionalizar la gratuidad de la educación. La realidad es que al acometer en contra de estos establecimientos, se niegan conquistas que por la vía de la legalidad y el esfuerzo se obtuvieron en su debido momento.
Amparado en un falso discurso de “Educación para todos”, el gobierno pisotea a un estrato educacional que con hechos ha demostrado eficiencia en el quehacer educativo. Retirar el apoyo a las instituciones católicas, implica atentar en contra de la libertad de miles de familias, que por generaciones, han visto en este modelo educacional una vía para preparar la espiritualidad de sus descendientes, haciendo uso de su pleno derecho a la libertad de religión y creencia. Es negar la posibilidad para que un gran cantidad de ciudadanos podamos acceder a este tipo de formación, porque es innegable que sin apoyo gubernamental, estos establecimientos están condenados a desaparecer u optar por un incremento considerable en sus pensiones; aspecto que redundará en la frustración de muchas familias, que al no poder pagar altos precios, y en contra de sus convicciones, serán forzadas a optar por otras alternativas. Para muchos, esto no es inconveniente, pero, para muchísimos otros, que también pertenecemos a este Ecuador, que también somos habitantes con derechos, este actuar es una acción que delata discriminación e injusticia.
Un gobierno que se jacta de “ciudadano” y que no respeta o vela por la igualdad de todos quienes conforman sus estratos, no es más que un gobierno mentiroso, ávido de saciar ideales políticos a costa del atropello de grupos con los cuales no concuerda. El gobernante, decía Platón, ante todo debe ser un individuo investido de sabiduría y moral. Son estos los principios que deben prevalecer antes de optar por una decisión.
Como vivimos en una sociedad política ególatra, sin conciencia, ni criterio valorativo, es muy posible que estas pretensiones del gobierno lleguen a concretarse; mas, a todos quienes como: alumnos, padres de familia, docentes o miembros de comunidades, que hemos hecho educación católica, nos compete elevar nuestro desacuerdo. En las aulas hemos difundido un Evangelio que no es Evangelio de cobardes ni traidores. El Dios que nos representa defiende la equidad aún entre las tinieblas. En medio de nuestras limitaciones, con aciertos y errores hemos hecho Patria y habremos de seguirla haciendo.
No estamos en contra de la educación fiscal porque aquella también es un derecho ciudadano, al igual que la nuestra. El hecho de ser diferentes no nos vuelve rivales, superiores o inferiores. Todos contribuimos para el progreso del Ecuador. Desde nuestra óptica cristiana exigimos el mantenimiento de nuestros derechos, libres de rencores o resentimientos. No sigamos juzgando a la comunidad católica por sus desaciertos de la edad media. Valoremos el aporte que por generaciones ha brindado a la Patria. Directa o indirectamente la mayoría de familias ecuatorianas se ha beneficiado en algún momento de esta educación, de tal modo que no convendría trasformarnos en los Judas que muerden la mano de quienes les enseñaron las letras y les inculcaron una mejor manera de vivir.